Por: Agencias
La infanta Cristina, hija menor del rey de España
Credito: Archivo
24/05/13.-La justicia española anunció hoy que investigará a la infanta
Cristina, hija menor del rey, por un presunto delito fiscal dentro del
caso de corrupción que involucra a su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez José Castro, que instruye este sumario en un tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, pidió a la Agencia Tributaria que amplíe la pesquisa sobre supuestas irregularidades fiscales de Cristina de Borbón.
En un auto emitido este viernes, el magistrado instó al fisco español a emitir un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o aparezca como apoderada, bienes inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos.
Castro apuntó que la hija del rey Juan Carlos I habría cometido delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, por lo que solicita a la Agencia Tributaria nuevos datos sobre los ejercicios fiscales de la infanta y su marido.
En concreto, requirió que se aclaren las contradicciones o lagunas legales en torno a un informe sobre hipotéticas irregularidades de Aizoón, empresa que junto con el Instituto Nóos encabezaba la pareja.
Este juez imputó a la infanta en el denominado caso Nóos, al apreciar indicios de connivencia en el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Mallorca revocó a principios de este mes la histórica imputación al considerar que no existían suficientes indicios incriminatorios.
Castró citó a declarar a Cristina el 27 de abril último, pero debió aplazar la comparecencia a la espera de la decisión de la Audiencia, cuyo fallo anuló la que sería la primera acusación de un miembro de la monarquía española en un caso de corrupción.
Ahora, el magistrado pretende determinar si la duquesa de Palma incurrió en delito fiscal, pues era propietaria al 50 por ciento de la sociedad mercantil Aizoón junto a Urdangarin, a través de la cual presuntamente se desviaron fondos públicos.
El juez instructor quiere comprobar si entre 2007 y 2010 se desvió dinero de Aizoón para la rehabilitación de la casa que el matrimonio posee en el barrio de Pedralbes, en la ciudad catalana de Barcelona, al noreste de España.
El ministerio público considera que no existen indicios criminales que relacionen a la duquesa de Palma con las actividades de la fundación Nóos, la cual estuvo dirigida por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Urdangarin está imputado en este proceso desde diciembre de 2011 y prestó declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y el 23 de febrero del presente año.
En su más reciente comparecencia ante el magistrado en un juzgado de Palma de Mallorca, el yerno del soberano se esforzó por desvincular a la Corona y a su propia esposa de este escándalo.
Tuvo entonces que responder sobre el presunto desvío de unos seis millones de euros de los gobiernos autonómicos balear y valenciano al Instituto Nóos.
El juez José Castro, que instruye este sumario en un tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, pidió a la Agencia Tributaria que amplíe la pesquisa sobre supuestas irregularidades fiscales de Cristina de Borbón.
En un auto emitido este viernes, el magistrado instó al fisco español a emitir un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o aparezca como apoderada, bienes inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos.
Castro apuntó que la hija del rey Juan Carlos I habría cometido delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, por lo que solicita a la Agencia Tributaria nuevos datos sobre los ejercicios fiscales de la infanta y su marido.
En concreto, requirió que se aclaren las contradicciones o lagunas legales en torno a un informe sobre hipotéticas irregularidades de Aizoón, empresa que junto con el Instituto Nóos encabezaba la pareja.
Este juez imputó a la infanta en el denominado caso Nóos, al apreciar indicios de connivencia en el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Mallorca revocó a principios de este mes la histórica imputación al considerar que no existían suficientes indicios incriminatorios.
Castró citó a declarar a Cristina el 27 de abril último, pero debió aplazar la comparecencia a la espera de la decisión de la Audiencia, cuyo fallo anuló la que sería la primera acusación de un miembro de la monarquía española en un caso de corrupción.
Ahora, el magistrado pretende determinar si la duquesa de Palma incurrió en delito fiscal, pues era propietaria al 50 por ciento de la sociedad mercantil Aizoón junto a Urdangarin, a través de la cual presuntamente se desviaron fondos públicos.
El juez instructor quiere comprobar si entre 2007 y 2010 se desvió dinero de Aizoón para la rehabilitación de la casa que el matrimonio posee en el barrio de Pedralbes, en la ciudad catalana de Barcelona, al noreste de España.
El ministerio público considera que no existen indicios criminales que relacionen a la duquesa de Palma con las actividades de la fundación Nóos, la cual estuvo dirigida por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Urdangarin está imputado en este proceso desde diciembre de 2011 y prestó declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y el 23 de febrero del presente año.
En su más reciente comparecencia ante el magistrado en un juzgado de Palma de Mallorca, el yerno del soberano se esforzó por desvincular a la Corona y a su propia esposa de este escándalo.
Tuvo entonces que responder sobre el presunto desvío de unos seis millones de euros de los gobiernos autonómicos balear y valenciano al Instituto Nóos.
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